Rosario Romero, abogada y socia directora de RB Legal, participa en un artículo colaborativo publicado en Diario La Ley donde se analiza el impacto de la Ley Orgánica 1/2025, también conocida como Ley de Eficiencia, sobre el funcionamiento de la jurisdicción social. En este espacio, Rosario comparte su visión desde la experiencia diaria en los juzgados y reflexiona con espíritu crítico sobre los efectos reales de las reformas introducidas.
¿Una reforma útil o un cambio desconectado de la realidad judicial?
Según Rosario, muchas de las modificaciones aprobadas parecen responder más a una lógica administrativa que a un diagnóstico profundo del día a día de los tribunales laborales.
“Quienes han ideado y aprobado estos cambios no han pisado un juzgado de lo social en su vida —o, al menos, no como abogadas o abogados”, señala.
Aunque la ley busca agilizar los procedimientos y mejorar la eficiencia del servicio público de justicia, Rosario alerta de que ciertos cambios procesales pueden generar más obstáculos que soluciones, especialmente en relación con la prueba y el derecho a la tutela judicial efectiva.
Los puntos clave, según Rosario Romero
Estas son algunas de las reformas que suscitan más dudas desde el punto de vista práctico:
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Prueba documental con 10 días de antelación
El nuevo requisito de aportar la prueba documental o pericial al menos 10 días antes del juicio puede facilitar la gestión del expediente judicial electrónico, pero —según Rosario— también abre la puerta a desigualdades procesales si no se garantiza la equidad en el acceso a la información entre las partes.
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Sentencias orales: una posibilidad teórica con escasa aplicación real
Aunque la reforma amplía los casos en los que puede dictarse sentencia oral, Rosario considera que esta herramienta seguirá siendo marginal en la práctica por la complejidad de muchos procedimientos y la necesidad de una valoración reflexiva del material probatorio.
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Separación de la conciliación y el juicio: ¿pierde eficacia la negociación?
Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de celebrar la conciliación en fecha distinta a la del juicio. Rosario advierte que esta medida rompe con la tensión procesal natural que en muchas ocasiones propicia acuerdos en el último momento, lo que podría derivar en más juicios y menos conciliaciones.
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¿Una reforma sin diagnóstico?
Más allá de los aspectos técnicos, Rosario llama la atención sobre la falta de participación real de los operadores jurídicos en la elaboración de la ley:
“La jurisdicción social tiene particularidades que solo quienes trabajan sobre el terreno pueden comprender y valorar. No se trata solo de retocar plazos, sino de abordar los problemas estructurales del sistema judicial laboral”.
Una reforma necesaria, ¿pero suficiente?
Desde RB Legal defendemos toda iniciativa que busque mejorar el acceso a la justicia y reducir los tiempos de espera. No obstante, coincidimos con Rosario en que la eficacia de cualquier reforma depende de su aplicación práctica, del diálogo con quienes operan en el sistema y de una visión realista de los retos que enfrenta la jurisdicción social.
¿Tienes un procedimiento laboral en curso o necesitas orientación legal sobre cómo te afectan estos cambios? Ponte en contacto con nuestro equipo.
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