Esta medida no evita despido y destrucción de puesto de trabajo, sino que simplemente encarece el despido y genera conflictividad laboral. Nuestra Socia Rosario Romero, escribe un artículo de opinión para El Confidencial en el cual opina sobre el nuevo «prohibido despedir». 

El 30 de marzo de 2022, el BOE publicaba el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Llevamos días oyendo hablar que este Real Decreto Ley contendría, entre otras medidas, una nueva «prohibición de despedir«. Una de las cosas que aprendió Rosario durante los momentos álgidos de la pandemia es a no valorar medidas hasta que no se publiquen en el BOE y, por tanto, tenga delante el literal de la norma, pues evitar elucubraciones.

Desde el punto de vista de Rosario «como ya ocurrió con el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, no existe una prohibición de despedir. Es más, aunque esto nos daría para un artículo más amplio, una prohibición real podría suponer la infracción de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado previsto en el artículo 38 de la CE».

¿Cúal será la calificación del despido ahora con el nuevo «prohibido despedir»?

Ahora, la discusión que se plantea es, aquellas empresas que lo hagan, ¿cuál será la calificación del despido? Y esto es lo que no se resuelve y lo que generará en los próximos meses ríos de tinta.

En base a su experiencia, Rosario recalca: «teniendo la experiencia del artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 que ha dado lugar a diversos pronunciamientos judiciales, pero (por una cuestión temporal) no se ha podido pronunciar el Tribunal Supremo, habría sido deseable que el legislador hubiese indicado cuál es la consecuencia del despido en estos casos, es decir, si el despido debe calificarse como improcedente o nulo».

Esta medida no evita el despido

En palabras de Rosario «en mi humilde opinión, esta medida, no evita despido y destrucción de puesto de trabajo, sino que simplemente encarece el despido y genera conflictividad laboral, pues serán los Juzgados y Tribunales quienes tengan que interpretar y aplicar esta norma, y nuevamente nos encontraremos con sentencias dispares, tanto de juzgados como de Tribunales Superiores de Justicia, y en el caso de estas últimas, terminarán siendo objeto de Recurso de Casación para Unificación de Doctrina ante el Tribunal Supremo.

En conclusión, Rosario termina el artículo subrayando que de este modo, dentro de dos años, tendremos una sentencia del Tribunal Supremo que nos diga cómo se califica ese despido objetivo, si como improcedente o nulo.

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